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EL REMEDIO RESULTÓ PEOR QUE LA ENFERMEDAD
A propósito de la reforma de la Ley 30 de Educación Superior
Por Juan Manuel Jaramillo Uribe.*
Prof. Jubilado Univalle.
Recientemente el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992 de Educación Superior. Aunque en este proyecto aparecen una serie de cambios respecto al originariamente propuesto, en especial, el haber reconocido que la educación superior, antes que un servicio público, es ante todo, un derecho (Art. 1º), hay que decir que al largo de su articulado este derecho, consagrado en la Constitución Nacional se ve cercenado al reducir el acceso y los beneficios de la Educación Superior sólo a unas muy pocas personas, manteniendo, de ese modo, un régimen de inequidad en la educación en un país que, según la última encuesta de calidad de vida hecha por el Dane, el coeficiente Gini que mide la igualdad en la distribución del ingreso, Colombia aparece como uno de los países más desiguales del planeta y el más desigual en América Latina.
Lo anterior se explica porque, de conformidad con el proyecto de Ley presentado por Gobierno, las Universidades Públicas (única alternativa que tendrían los jóvenes de escasos recursos) no podrían dar respuesta a las crecientes demandas de ellos por razones presupuestales y financieras. En efecto, aunque el proyecto presentado plantea que la Nación aumentará anualmente su aportes a las IES en un porcentaje del crecimiento real del PIB (del 30% si el crecimiento es el 0% al 5%; del 40% si el crecimiento es igual o mayor al 5% y menor que el 7.5%; y del 50% si el crecimiento es igual o mayor al 7.5%), en la práctica esto significa una disminución real en los aportes del gobierno, con el consecuente impacto sobre el aumento de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de las IES, en general, y de la universidades públicas, en particular. Si el gobierno en verdad está convencido que “la educación es uno de los factores clave para el bienestar y desarrollo de las sociedades” (como lo dice en la exposición de motivos que acompaña el proyecto), debería asignarle a las IES todo el crecimiento del PIB y no un porcentaje del mismo. Bastaría cotejar lo que hace décadas lo vienen haciendo algunos países que hoy son potencias mundiales, justamente porque comprendieron que la inversión en la formación de capital humano es la mejor inversión para alcanzar un crecimiento económico sostenido y, de ese modo, poder enfrentar los desafíos de un mundo globalizado y cada vez más competitivo..
El Estado no puede seguir delegando su obligación constitucional de financiar a las universidades en las mismas universidades (aunque éstas en los últimos años hayan aumentado ostensiblemente sus rentas propias a través de sus proyectos de investigación, asesoría y extensión) ni en los particulares que en su afán de lucro, sólo quieren hacer de las universidades su gran negocio (algo que bajo la figura de IES mixtas el proyecto de Ley estaría fomentando) y menos aún, descargar en la demanda, vale decir, en los estudiantes, la financiación vía crédito educativo, cuando se sabe que de esta última estrategia quienes se benefician en mayor porcentaje son las universidades privadas y, cuando experiencias como las de Chile están mostrando que, cuando el estudiante termina sus estudios y consigue empleo (algo que es un verdadero albur), éste tiene que dedicar durante 10 o 15 años una tercera parte de sus disminuidos ingresos para el pago de sus obligaciones contractuales con los organismos de crédito educativo. El Estado, más que apuntar a fortalecer la demanda (sin que esto implique su anulación), debe, ante todo, fortalecer la oferta, otorgándole a las universidades y, particularmente a las universidades estatales, los recursos suficientes para la ampliación de su cobertura, el desarrollo de sus programas académicos de calidad, la formación de sus docentes, el apoyo a la investigación, sus demandas en infraestructura, etc.
No es un secreto que varios inversionistas extranjeros han mostrado su interés en la compra de universidades, en forma análoga a como lo hacen otros o los mismos en otros sectores de la economía. La educación, aunque puede ser un negocio rentable para el país a mediano y largo plazo, no es ella misma una mercancía y menos aún una mercancía que se tranza al mejor postor. Hacer de la educación una de las “locomotoras” del desarrollo es olvidar su verdadera esencia como instancia formadora antes que generadora de lucro, como lo pueden ser las locomotoras de los sectores agropecuario, de la construcción, de infraestructura y transporte y minero-energético.
La transformación del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, FODESEP, creado por la Ley 30 de 1992 como una sociedad de economía mixta de carácter nacional, constituida como sociedad anónima, para el mejoramiento de la calidad del servicio público de Educación Superior y como fondo de garantías para los créditos otorgados a las instituciones de Educación Superior estatales o privadas” (Art. 152) es una prueba fehaciente del sentido mercantilista que en el proyecto se le quiere dar a la Educación Superior. Si en la Ley 30 dicho fondo estaba conformado por el sector académico, esto es, por las Instituciones de Educación Superior que voluntariamente quisieran participar en él, en el nuevo proyecto que reforma la Ley 30 de 1992 está personas o instituciones que no necesariamente son académicas, pues su naturaleza jurídica es la de una entidad mixta, constituida como sociedad anónima, donde lo verdaderamente interesaría sería la mayor rentabilidad del fondo, no obstante estar orientado al mejoramiento de la calidad de la Educación Superior o al desarrollo de proyectos institucionales de las IES, algo que revive el ánimo de lucro que supuestamente se quiso erradicar.
Si se examina el Plan Nacional de Desarrollo2010-2014 del Gobierno Nacional encontramos una curiosa coincidencia con lo que propone el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, pues para el Plan las estrategias para la financiación de la Educación Superior incluyen la participación del sector privado, de las cajas de compensación y de las cooperativas que consoliden la oferta de educación superior , “lo cual —como bien dice ASCUN— legitima a entidades que tienen propósitos misionales diferentes a la educación superior como ´prestadores de este servicio´ que son a la larga; organizaciones que tienen una mirada mercantilista de la misma, lo cual, aunado al ánimo de lucro, dejará este nivel educativo en manos del mercado que se rige por lógicas de maximización de utilidades, lo que implica operar a bajo costo. Ello sin duda, terminará afectando aún más la calidad y desvirtuando el sentido de la formación universitaria”. Plan de Desarrollo y proyecto coinciden en este punto y reflejan los verdaderos intereses del Gobierno respecto de la Educación Superior.
Es cierto que en el nuevo proyecto los aportes incrementales del Gobierno Nacional no se refieren únicamente a las universidades estatales u oficiales como lo planteaba la Ley 30, sino que los extiende a todas las IES, pero también es cierto que la autonomía que en la Ley 30 (como en el Art. 69 de la Carta Política) sólo se aplicaba a las universidades, ahora se extiende a todas las IES, de suerte que éstas, en virtud de dicho principio constitucional, dejan de ser establecimientos públicos y se convierten en entes autónomos, quedando en igualdad de condiciones que las universidades para la oferta de programas académicos de pre y posgrado. Esta homogeneización de las IES con las universidades que se desprende de la extensión a las primeras de la ya consagrada autonomía universitaria, no sólo permitiría que todas las IES, además de gozar de las prerrogativas que les da el ser entes autónomos de la rama ejecutiva del poder público, la posibilidad de ofertar por sí mismas o por convenio programas de posgrado, con lo cual se viola en concepto mismo de universidad que, como condición de su existencia, debe contar con un cuerpo de profesores en ciencias básicas, acreditación institucional, programas académicos al menos en tres áreas del conocimiento y un alto nivel investigativo demostrable a través de grupos de investigación reconocidos en las categorías superiores y, al menos, en tres áreas del conocimiento (Art. 15). El que se incluyan como universidades a IES que tienen como naturaleza y vocación misional la formación para el trabajo (como se desprendería del otorgamiento a ellas de la autonomía universitaria) sólo se explicaría si el propósito es mostrar, bajo esta estrategia mejores cifras de cobertura universitaria como lo hizo en gobierno anterior.. En efecto, en los últimos 10 años el crecimiento de la matrícula fue precisamente en programas técnicos y tecnológicos ofertados en buena medida por el SENA, lo que hizo que, en las estadísticas, Colombia pasara de un 23% en 2002 en cobertura de educación superior, a un 35% en 2009, representando el SENA un 8% de la tasa bruta de aumento en todo el sistema, según cifras del MEN. Sin embargo, a esta mejora en las estadísticas no corresponde ni un incremento real de la cobertura universitaria y, menos aún, una mejora en la calidad en el servicio público de la educación superior.
En suma, se trata de un proyecto que, además de privilegiar un régimen elitista de Educación Superior, i.e., una educación privilegiada para unas clase social privilegiada, viola el principio constitucional de la autonomía universitaria que, como su nombre lo indica, sólo resulta aplicable con legitimidad a las universidades, como históricamente ha ocurrido desde su consagración en los orígenes mismos de la universidad.
Por esta y otras razones que sería largo enumerar, debemos oponernos a su aprobación en el Congreso de este proyecto de Ley y exigirle al gobierno que elabore un nuevo proyecto donde el remedio no resulte peor que la enfermedad.
Juan Manuel Jaramillo U.
Prof. Jubilado Univalle
Octubre 12, 2011.
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· NTC … agradece al autor el envío del texto y la autorización para publicarlo.
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