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http://ntcblog.blogspot.com/ , ntcgra@gmail.com Cali, Colombia.
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“¿Por qué las universidades no pueden hacer depender su desarrollo académico del vínculo con la empresa privada? Esta pregunta genera un interesante debate. La columna de Fiorillo es un buen ejemplo de por qué aquello es perverso.” Germán Patiño
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Cuenta por cobrar
Por: Heriberto Fiorillo
El Tiempo .com 16 de Enero del 2011. http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/heribertofiorillo/cuenta-por-cobrar_8786672-4 Impreso 17 ene.
Agradecemos la “topación” y el envío a Germán Patiño quien nos la envió con la siguiente nota: “¿Por qué las universidades no pueden hacer depender su desarrollo académico del vínculo con la empresa privada? Esta pregunta genera un interesante debate. La columna de Fiorillo es un buen ejemplo de por qué aquello es perverso.”
¿Cuánto deben pagar las empresas explotadoras de carbón por el daño ambiental que dejan?
¿Qúe precio pagaremos por entregar nuestros recursos carboníferos y disfrutar de sus ganancias? La legislación del medio ambiente ha sido casi inexistente en Colombia frente a la urgencia de vender todo el carbón, antes de que el mundo postmoderno pierda su interés en él. La coexistencia ideal de explotación carbonífera y desarrollo turístico no nos ha resultado viable, a juzgar por el costo ecológico de las operaciones de la empresa Drummond tanto en el Cesar como en el Magdalena.
La Drummond está vendiendo sus negocios en Colombia. La multinacional estadounidense estaría pidiendo entre 8 y 10.000 millones de dólares por el total de sus activos, con claras intenciones de salir rápidamente de aquí.
¿Por qué irse ahora de un país que le ha entregado en concesión, sólo en el Cesar, un campo de 47.000 hectáreas de explotación, en tamaño una tercera parte de Bogotá, donde hay 1.700 millones de toneladas en reservas de carbón, algo que le aseguraría 60 años de incalculable enriquecimiento?
Cuatro firmas han manifestado interés en comprar, pero están evaluando el estado de todas sus operaciones, sobre todo el daño ambiental. Unos aseguran que supera la suma pretendida por la Drummond en la venta.
¿La vamos a dejar vender e irse así no más?
Me pregunto si el gobierno colombiano tiene una medida del daño causado por el polvillo mineral que las barcazas de la Drummond sueltan todos los días sobre el mar y las playas entre Ciénaga y Santa Marta y por las miles y miles de toneladas del mineral que, empujadas por las tormentas del invierno, arrojan al lecho marino, aniquilando en él todo vestigio de vida.
La Drummond saca anualmente miles y miles de millones de dólares en carbón colombiano de alta calidad. Las utilidades de la empresa son mejoradas por ventajas tributarias como la devolución del IVA y del impuesto a la renta. Está además exenta del pago del impuesto de industria y comercio y del impuesto predial sobre casi 20.000 hectáreas, a cambio de un 10 por ciento de regalías a boca de mina para nuestro país. Regalías que mal liquida, como lo comprueba una multa por 48 millones de dólares, pagada hace un par de años.
La Drummond suele incumplir sus protocolos de seguridad y de responsabilidad social en Colombia. Tres dirigentes de su sindicato fueron asesinados, hace seis años, en condiciones aún no esclarecidas. La empresa ha enfrentado tres huelgas por inseguridad industrial a causa de frecuentes accidentes, lesiones y enfermedades, estabilidad laboral y falta de inversión social en compensación por los daños infligidos a pobladores del área donde se asienta la mina o que viven a todo lo largo del corredor carbonífero. Se han registrado varios paros cívicos en protesta por la presencia de enfermedades pulmonares de obstrucción crónica, especialmente entre niños y ancianos. Ya el país sabe de Asotred (Asociación de Trabajadores Enfermos en la Drummond), que agremia desde el 2008 a 599 trabajadores afectados en su salud por las minas de esta entidad.
Es necesario, repetimos aquí, que el Gobierno Nacional abandone su actitud arrodillada frente a la oferta y el comportamiento de las multinacionales. Es necesario que les exija y les ayude a minimizar los perjuicios sociales y ambientales de sus operaciones. Es su deber defender los derechos de los ciudadanos, cuidar el patrimonio nacional y prever las consecuencias de las actividades que puedan impactar la vida diaria de sus comunidades.
La Constitución respalda también numerosas formas de participación ciudadana, para demandar información, explicación, justificación y legitimidad de los procesos y métodos utilizados en la explotación de nuestros recursos naturales.
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Cuenta por cobrar
Por: Heriberto Fiorillo
El Tiempo .com 16 de Enero del 2011. http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/heribertofiorillo/cuenta-por-cobrar_8786672-4 Impreso 17 ene.
Agradecemos la “topación” y el envío a Germán Patiño quien nos la envió con la siguiente nota: “¿Por qué las universidades no pueden hacer depender su desarrollo académico del vínculo con la empresa privada? Esta pregunta genera un interesante debate. La columna de Fiorillo es un buen ejemplo de por qué aquello es perverso.”
¿Cuánto deben pagar las empresas explotadoras de carbón por el daño ambiental que dejan?
¿Qúe precio pagaremos por entregar nuestros recursos carboníferos y disfrutar de sus ganancias? La legislación del medio ambiente ha sido casi inexistente en Colombia frente a la urgencia de vender todo el carbón, antes de que el mundo postmoderno pierda su interés en él. La coexistencia ideal de explotación carbonífera y desarrollo turístico no nos ha resultado viable, a juzgar por el costo ecológico de las operaciones de la empresa Drummond tanto en el Cesar como en el Magdalena.
La Drummond está vendiendo sus negocios en Colombia. La multinacional estadounidense estaría pidiendo entre 8 y 10.000 millones de dólares por el total de sus activos, con claras intenciones de salir rápidamente de aquí.
¿Por qué irse ahora de un país que le ha entregado en concesión, sólo en el Cesar, un campo de 47.000 hectáreas de explotación, en tamaño una tercera parte de Bogotá, donde hay 1.700 millones de toneladas en reservas de carbón, algo que le aseguraría 60 años de incalculable enriquecimiento?
Cuatro firmas han manifestado interés en comprar, pero están evaluando el estado de todas sus operaciones, sobre todo el daño ambiental. Unos aseguran que supera la suma pretendida por la Drummond en la venta.
¿La vamos a dejar vender e irse así no más?
Me pregunto si el gobierno colombiano tiene una medida del daño causado por el polvillo mineral que las barcazas de la Drummond sueltan todos los días sobre el mar y las playas entre Ciénaga y Santa Marta y por las miles y miles de toneladas del mineral que, empujadas por las tormentas del invierno, arrojan al lecho marino, aniquilando en él todo vestigio de vida.
La Drummond saca anualmente miles y miles de millones de dólares en carbón colombiano de alta calidad. Las utilidades de la empresa son mejoradas por ventajas tributarias como la devolución del IVA y del impuesto a la renta. Está además exenta del pago del impuesto de industria y comercio y del impuesto predial sobre casi 20.000 hectáreas, a cambio de un 10 por ciento de regalías a boca de mina para nuestro país. Regalías que mal liquida, como lo comprueba una multa por 48 millones de dólares, pagada hace un par de años.
La Drummond suele incumplir sus protocolos de seguridad y de responsabilidad social en Colombia. Tres dirigentes de su sindicato fueron asesinados, hace seis años, en condiciones aún no esclarecidas. La empresa ha enfrentado tres huelgas por inseguridad industrial a causa de frecuentes accidentes, lesiones y enfermedades, estabilidad laboral y falta de inversión social en compensación por los daños infligidos a pobladores del área donde se asienta la mina o que viven a todo lo largo del corredor carbonífero. Se han registrado varios paros cívicos en protesta por la presencia de enfermedades pulmonares de obstrucción crónica, especialmente entre niños y ancianos. Ya el país sabe de Asotred (Asociación de Trabajadores Enfermos en la Drummond), que agremia desde el 2008 a 599 trabajadores afectados en su salud por las minas de esta entidad.
Es necesario, repetimos aquí, que el Gobierno Nacional abandone su actitud arrodillada frente a la oferta y el comportamiento de las multinacionales. Es necesario que les exija y les ayude a minimizar los perjuicios sociales y ambientales de sus operaciones. Es su deber defender los derechos de los ciudadanos, cuidar el patrimonio nacional y prever las consecuencias de las actividades que puedan impactar la vida diaria de sus comunidades.
La Constitución respalda también numerosas formas de participación ciudadana, para demandar información, explicación, justificación y legitimidad de los procesos y métodos utilizados en la explotación de nuestros recursos naturales.
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La mercantilización de la educación (I)
Por Mario Rodríguez http://gt.linkedin.com/in/mariorodriguezacosta
Consejo de Investigaciones e Información en Desarrollo . Blog Reflexion CIID , Boletín. Agosto 26th, 2010 http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/08/26/la-mercantilizacion-de-la-educacion/
Por Mario Rodríguez http://gt.linkedin.com/in/mariorodriguezacosta
Consejo de Investigaciones e Información en Desarrollo . Blog Reflexion CIID , Boletín. Agosto 26th, 2010 http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/08/26/la-mercantilizacion-de-la-educacion/
La educación como otras tantas esferas sociales ha quedado influenciado por las ideas neoliberales. Estas ideas parten de reducir la esfera de influencia del estado y dejar a los individuos actuar, tomando decisiones en base a la oferta y demanda. En el ámbito educativo, el modelo escolar que propugnan esta basado en concebir la educación como un servicio, -mercancía- que se intercambia entre privados. Tiene en esencia un valor económico utilitarista. Cristian Laval plantea que la escuela neoliberal sigue siendo una tendencia, y no una realidad consumada. Sin embargo, esos cambios vienen de un intento de adecuación profunda de la escuela a las nuevas exigencias de la economía capitalista. Los tres elementos que impulsan las políticas neoliberales en el sistema educativo son:
Flexibilidad. Busca crear una escuela que se adapta a las necesidades de la economía, de la producción y de la creación de riqueza en general. Esto es lo que Laval llama “desinstitucionalización” de la escuela, que no es más que la adaptabilidad de la demanda y la fluidez de las respuestas que se esperan de esa escuela, concebida como suministradora de servicios. Con esta flexibilidad la escuela se convierte en escuela-empresa.
Competencias. Esta basada en la idea educativa de los saberes; saber hacer, saber ser y saber lograr. Esto permite crear un estudiante que pueda adaptarse a su entorno problemático e incierto, resolviendo lo “que pueda presentarse”. La idea central aquí es desarrollar capacidades en los estudiantes, las cuales van en función de las necesidades externas al propio estudiante, en este caso a las necesidades de los centros de trabajo. La prioridad al desarrollo de competencias profesionales y sociales busca lograr una mejor adaptación al mercado laboral. Los conocimientos se reinterpretan en base a la competencia y estos forman parte de un proceso de estandarización pedagógica. Aquellos conocimientos que son críticos con la situación actual y que permite forjar identidades y cultura común son desechados por no interesar al ámbito económico, y porque desde el punto de vista ideológico, contradicen los supuestos en que se sustenta dicha práctica.
La autonomía escolar. Se tratada de otorgar plena autonomía a la escuela para que pueda desarrollar sus propios programas, debe ser entendida como contraria al currículo nacional. La escuela es vista como mercado, o sea como un servicio más que se oferta hacia un demanda ya existente. Se conoce como la enseñanza privada mercantil. La política neoliberal crea el mercado para la educación, y también crea la escuela para que interactué en ese mercado. Aquí la escuela se transforma en el centro del “negocio escolar” en donde el consumidor de educación y el propietario del centro escolar establecen el contrato “social”. Manuel Ayua, neoliberal guatemalteco lo sintetiza así: “Si a un padre no le satisface el servicio de un colegio, podría mandarlo a otro o a uno público. El control de cuotas impide contratar a personal mejor calificado, y si bien algunos padres se quejan, estarían en libertad de mandarlos a escuelas públicas o a otras privadas más baratas” . Fíjese bien que aquí el punto fundamental es el pago que deben hacer los padres o el cobro al que tiene derecho el centro escolar por el servicio que presta. La educación se reduce a cuotas, mercado y opciones. Laval dice: La concepción dominante de la educación es, a la vez, utilitarista y liberal. Utilitarista en su modo de entender el saber –una herramienta que sirve a intereses individuales -, y liberal en la forma de organización de la escuela –que busca imitar el modelo empresarial y de mercado.
Etiquetas: educación , Posted under: Democracia
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La mercantilización de la educación ( II)
Por Mario Rodríguez
Consejo de Investigaciones e Información en Desarrollo . Blog Reflexion CIID , Boletín. Agosto 30th, 2010
http://ciidgt.org/boletin/index.php/2010/08/30/la-mercantilizacion-de-la-educacion-2/
Matriz: http://ciidgt.org/boletin/ , http://ciidgt.org/ Consejo de Investigaciones e Información en Desarrollo
La mercantilización de la educación ( II)
Por Mario Rodríguez
Consejo de Investigaciones e Información en Desarrollo . Blog Reflexion CIID , Boletín. Agosto 30th, 2010
http://ciidgt.org/boletin/index.php/2010/08/30/la-mercantilizacion-de-la-educacion-2/
Matriz: http://ciidgt.org/boletin/ , http://ciidgt.org/ Consejo de Investigaciones e Información en Desarrollo
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Es claro que la educación dentro otras tantas esferas sociales ha quedado influenciado por las ideas neoliberales. Esas ideas parten de reducir la esfera de influencia del estado y dejar a los individuos actuar, tomando decisiones en base a la oferta y demanda. Los procesos actuales ponen en evidencia que las universidades públicas se mueven cada vez más en una situación de mercado en la toma de decisiones.
La teoría del capitalismo académico proporciona una idea del concepto de mercadización de la educación superior, al relacionarla con el hecho de la redefinición de las nuevas funciones y relaciones del Estado con el sistema de educación superior, que implica el cambio de las relaciones existentes entre el Estado y las instituciones de educación superior y cuyos principales instrumentos de política pública elegidos constituyen medidas prácticas de financiamiento, competencia y autorregulación.
Ello genera un marco distinto de relacionamiento al introducir o inducir cambios en las políticas que afectan directamente a la educación superior. Entre esas políticas se pueden mencionar las siguientes; i) Apertura del sistema de educación superior para permitir el ingreso al “mercado” de nuevas instituciones privadas con una oferta amplia de títulos y formas diversas de titulación en pre-grado, posgrado y especializaciones, dándole preeminencia aquellas carreras de mayor demanda laboral, dejando en el abandono carreras como filosofía, matemáticas y ciencias puras, por no tener una demanda específica; ii) Sujeción de las instituciones públicas a un régimen de cuasi mercado a través de mecanismos de competencias, que incluye la selección estudiantil, los programas educativos en la selección de los contenidos programáticos y la adjudicación de fondos para investigación y admisión de programas de desarrollo educativo.
Es importante mencionar que muchos de los mecanismos utilizados para la desregulación de la educación superior no buscan privatizar las universidades públicas, sino más bien introducir mecanismos de mercado en los temas de financiación para reducir los subsidios estatales a tales instituciones. En otras palabras cambiar la forma de financiación existente en la actualidad. Legalmente seguirían siendo públicas, funcionalmente tendría operaciones privadas.
La critica que se hace, tanto a la mercantilización de la educación cómo a las políticas neoliberales que las promueven, es que tienen un rasgo ideológico que homogeniza el conocimiento y están relacionadas con la pérdida del concepto de bien público, los problemas de acceso y las barreras que supone establecer mecanismos de mercado para el pago de matriculas estudiantiles, exámenes de admisión, planes de repitencia y el propio rol de las funciones que tienen las universidades públicas, que es la formación crítica del ciudadano, se ve cuestionado y ante este proceso. La Universidad se transforma entonces en un centro de formación-capacitación para el trabajo en beneficios de las empresas y el capital y no en un centro de desarrollo científico.
Uno de los mecanismos adoptados para el cambio de funciones, dentro de un espectro de legalidad, se refiere a la composición de las cuotas de poder. En este aspecto una de las principales asuntos que subyace es la pérdida de la cultura democrática representativa que existe en el ámbito de las universidades públicas con el goce de su autonomía. Una autonomía que se restringe en el ejercicio del poder de todos los sectores involucrados en ese ejercicio de autogobierno.
En el ámbito del modelo educativo que propugnan, el mismo está basado en concebir la educación como un servicio, -mercancía- que se intercambia entre privados, y por lo tanto, las decisiones deben ser tomadas ya no por grupos de poder representativo en la institución, sino por esa mano invisible que orienta el mercado, de acuerdo a demandas específicas y no como mecanismo de redistribución social.
Esta nueva forma de entender la dirección universitaria, tiene en esencia un valor económico utilitarista y al mismo tiempo genera sus propios principios y valores fuertemente vinculados con la actividad económica y la concepción del ser humano egoísta, individualista y maximizador de beneficios. Esos cambios vienen de un intento de adecuación profunda de la escuela a las nuevas exigencias de la economía capitalista.
Los elementos que impulsan las políticas neoliberales en el sistema educativo son:
Flexibilidad: busca crear una universidad que se adapte a las necesidades de la economía, de la producción y de la creación de riqueza en general. Esto representa la “desinstitucionalización” de la universidad, que no es más que la adaptabilidad de la demanda y la fluidez de las respuestas que se esperan de esa institución, concebida como suministradora de servicios. Con esta flexibilidad se convierte en escuela-empresa. Los cambios generados por el mundo económico, se ven reflejados en una institución que se moldea y se adapta a los requerimientos del capital, en función de ser parte del nuevo proceso de acumulación del capital a través del conocimiento.
Competencias. Está basada en la idea educativa de los saberes; saber hacer, saber ser y saber lograr. Esto permite crear un estudiante que pueda adaptarse a su entorno problemático e incierto, resolviendo lo “que pueda presentarse”. La idea central aquí es desarrollar capacidades en los estudiantes, las cuales van en función de las necesidades externas al propio estudiante, en este caso a las necesidades de los centros de trabajo. La prioridad al desarrollo de competencias profesionales y sociales busca lograr una mejor adaptación al mercado laboral. Los conocimientos se reinterpretan en base a la competencia y estos forman parte de un proceso de estandarización pedagógica. Aquellos conocimientos que son críticos con la situación actual y que permite forjar identidades y cultura común son desechados por no interesar al ámbito económico, y porque desde el punto de vista ideológico, contradicen los supuestos en que se sustenta dicha práctica.
Los fenómenos que buscan la creación de mercados para la educación tienen como principal objetivo privatizar ciertos servicios educativos públicos, o lo que Brunner llama la transformación del balance público / privado en aspectos específicos, y se puede manifestar a través del cobro de cuotas de matrícula, la aparición de instituciones privadas sin fines de lucro que hacen gestión en nombre de la Universidad, el pago de aranceles por servicios a entidades externas a la propia institución o aranceles por trámites burocráticos y nuevos mecanismos de gestión de los espacios y servicios que brinda la institución, como espacios de estacionamiento, usos de instalaciones deportivas, gestión de proyectos vinculados a empresas privadas o lo que se llama la terceriazación de servicios, como la limpieza, el servicio de acceso a internet, la jardinería, el mantenimiento, etc, y una serie de mecanismos que actualmente ya se implementan en la USAC, cómo la apertura de espacios universitarios para negocios particulares vinculados a servicios educativos que se vinculan con una cadena de comisionistas en que también se incluyen a profesores y autoridades.
Esos procesos son una tendencia que se observa en las instituciones universitarias, que asumen ciertas características y normas operacionales usualmente asociadas al funcionamiento de la empresa privada. Todo este proceso ha generado una cultura empresarial en las universidades, que aún siendo públicas se incorporan por medio de las mentalidades de algunos de sus miembros o las prácticas que asumen algunas de sus autoridades a través de la gestión que realizan a través de estás prácticas, propiciando con ello el aparecimiento de nuevos actores ligados al proceso educativo, pero sin ningún interes por el mismo, que hacen negocio dentro de la institución y por lo tanto se rigen por un sistema de costos/beneficios- utilidades privadas compartidas o no. Ello crea un fenómeno en cuanto al desarrollo de las actividades académicas y de administración al interior de las universidades públicas que se manifiesta en cinco aspectos:
i) Las personas que gobiernan o ocupan cargos de dirección están separados de las redes de soporte académico, principalmente porque tienen pocos vínculos departamentales y su desempeño se suscribe al campo de la acción ejecutiva en general y no en la académica en particular; muy vinculados con los estamentos políticos en su relación con la institucionalidad del poder estatal y en el ámbito de la lucha política-partidista del ejercicio del poder nacional.
ii) Aumenta el número de profesores de jornada parcial y la incorporación cada vez más de profesionales no académicos (principalmente en programas de posgrado, con experiencia en dirección empresarial y no en docencia) mientras que los profesores de tiempo completo y con credenciales académicas juegan un rol menor, subordinados a decisiones políticas partidistas y no académicas;
iii) Se incorporan en los procesos de gestión elementos de la administración de empresas tales como planificación estratégica, planes operativos, capacidades de respuesta estratégica de acción rápida y aumentan el uso de fondos discrecionales para programas de corto plazo que no pueden ser fiscalizados ni son orientados a cubrir programas académicos sino más bien a procesos políticos vinculados a cuotas de poder.
iv) Los líderes académicos pierden poder, las relaciones externas dan relevancia a líderes operativos desvinculados con el proceso académico, líderes que formalmente están vinculados a la institución, pero que operan bajo otros parámetros, otras visiones, ajenas completamente al desarrollo académico y que sus intereses no necesariamente coinciden con el desarrollo educativo de la institución. Esto crea una imitación de gestión en torno a la administración de universidades privadas, en instituciones públicas, basadas en el imperativo de la eficiencia-eficacia, costo / beneficio, utilidades – réditos políticos, pactos de apoyo y relación de clientelismo, en donde el aspecto académico queda relegado a una actividad marginal de los círculos de poder.
v) La identidad de la Universidad pública se transforma, aún cuando legal y operativamente sigue siendo pública, sus actividades y sus formas administrativas se operativizan a través de una visión privada y la institución se queda atrapada en ese dualismo de negar lo que es, sin asumir lo que no puede ser, y por lo tanto su gestión de innovarse queda atrapada en el marasmo institucional, guiada por el operativismo político partidista externo, de acuerdo a coyunturas ajenas al desarrollo de la institucionalidad académica.
En la actualidad hay diversidad de estudios realizados por las instituciones financieras internacionales, especialmente del Banco Mundial sobre el desarrollo de la reforma universitaria, encargándose de asignarle un vínculo muy preciso al papel de la educación en la economía, incorporan un sesgo ideológico importante. Ahí destacan los estudios Feinberg (1992) y de Coraggio (1992), que desde un conjunto de categorías económicas vinculan el proceso educativo a la producción de mercancías.
Al final el conflicto que se manifiesta al interior de los recintos universitarios muestra que lejos de politizar lo académico, muchas veces el proceso político externo es una instancia decisiva en la toma de decisiones internas, y que estos aspectos tienen aparentemente instrumentos al interior de las propias instituciones universitarias para lograr sus fines, y esas formas de la acción política interna hacen que sea muy difícil distinguir qué y quiénes deciden los procesos internos y académicos, y qué y para qué son las orientaciones que se toman en sus juntas directivas.
La gobernabilidad de la democracia depende de los valores, normas y las creencias existentes dentro de un colectivo, que orientan el comportamiento y las decisiones que se toman. El mundo personal y el mundo político aparecen ligados en una misma realidad, pero ambos se distancian y el mundo político al final ejerce poca influencia dentro del mundo personal por el estigma negativo que tiene el ejercicio político actualmente. El conflicto sucede por la búsqueda de la movilidad social frente al proceso de integración social que el mundo político persigue, que se convierte en una demanda cruzada, que ha creado mayores dificultades para las instituciones educativas de nivel superior.
En un país con una historia autoritaria a cuestas es difícil no estar de acuerdo con la petición de restitución de derechos estudiantiles que hacen los estudiantes universitarios. Ello representa atentar contra la participación estudiantil en el gobierno universitario, pues el estudiante dejaría ser sujeto del proceso de enseñanza aprendizaje para convertirse en un objeto más del proceso. En otras palabras es un paso más para limitar la participación estudiantil en la toma de decisiones, o sea un paso más para su posible privatización.
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Es claro que la educación dentro otras tantas esferas sociales ha quedado influenciado por las ideas neoliberales. Esas ideas parten de reducir la esfera de influencia del estado y dejar a los individuos actuar, tomando decisiones en base a la oferta y demanda. Los procesos actuales ponen en evidencia que las universidades públicas se mueven cada vez más en una situación de mercado en la toma de decisiones.
La teoría del capitalismo académico proporciona una idea del concepto de mercadización de la educación superior, al relacionarla con el hecho de la redefinición de las nuevas funciones y relaciones del Estado con el sistema de educación superior, que implica el cambio de las relaciones existentes entre el Estado y las instituciones de educación superior y cuyos principales instrumentos de política pública elegidos constituyen medidas prácticas de financiamiento, competencia y autorregulación.
Ello genera un marco distinto de relacionamiento al introducir o inducir cambios en las políticas que afectan directamente a la educación superior. Entre esas políticas se pueden mencionar las siguientes; i) Apertura del sistema de educación superior para permitir el ingreso al “mercado” de nuevas instituciones privadas con una oferta amplia de títulos y formas diversas de titulación en pre-grado, posgrado y especializaciones, dándole preeminencia aquellas carreras de mayor demanda laboral, dejando en el abandono carreras como filosofía, matemáticas y ciencias puras, por no tener una demanda específica; ii) Sujeción de las instituciones públicas a un régimen de cuasi mercado a través de mecanismos de competencias, que incluye la selección estudiantil, los programas educativos en la selección de los contenidos programáticos y la adjudicación de fondos para investigación y admisión de programas de desarrollo educativo.
Es importante mencionar que muchos de los mecanismos utilizados para la desregulación de la educación superior no buscan privatizar las universidades públicas, sino más bien introducir mecanismos de mercado en los temas de financiación para reducir los subsidios estatales a tales instituciones. En otras palabras cambiar la forma de financiación existente en la actualidad. Legalmente seguirían siendo públicas, funcionalmente tendría operaciones privadas.
La critica que se hace, tanto a la mercantilización de la educación cómo a las políticas neoliberales que las promueven, es que tienen un rasgo ideológico que homogeniza el conocimiento y están relacionadas con la pérdida del concepto de bien público, los problemas de acceso y las barreras que supone establecer mecanismos de mercado para el pago de matriculas estudiantiles, exámenes de admisión, planes de repitencia y el propio rol de las funciones que tienen las universidades públicas, que es la formación crítica del ciudadano, se ve cuestionado y ante este proceso. La Universidad se transforma entonces en un centro de formación-capacitación para el trabajo en beneficios de las empresas y el capital y no en un centro de desarrollo científico.
Uno de los mecanismos adoptados para el cambio de funciones, dentro de un espectro de legalidad, se refiere a la composición de las cuotas de poder. En este aspecto una de las principales asuntos que subyace es la pérdida de la cultura democrática representativa que existe en el ámbito de las universidades públicas con el goce de su autonomía. Una autonomía que se restringe en el ejercicio del poder de todos los sectores involucrados en ese ejercicio de autogobierno.
En el ámbito del modelo educativo que propugnan, el mismo está basado en concebir la educación como un servicio, -mercancía- que se intercambia entre privados, y por lo tanto, las decisiones deben ser tomadas ya no por grupos de poder representativo en la institución, sino por esa mano invisible que orienta el mercado, de acuerdo a demandas específicas y no como mecanismo de redistribución social.
Esta nueva forma de entender la dirección universitaria, tiene en esencia un valor económico utilitarista y al mismo tiempo genera sus propios principios y valores fuertemente vinculados con la actividad económica y la concepción del ser humano egoísta, individualista y maximizador de beneficios. Esos cambios vienen de un intento de adecuación profunda de la escuela a las nuevas exigencias de la economía capitalista.
Los elementos que impulsan las políticas neoliberales en el sistema educativo son:
Flexibilidad: busca crear una universidad que se adapte a las necesidades de la economía, de la producción y de la creación de riqueza en general. Esto representa la “desinstitucionalización” de la universidad, que no es más que la adaptabilidad de la demanda y la fluidez de las respuestas que se esperan de esa institución, concebida como suministradora de servicios. Con esta flexibilidad se convierte en escuela-empresa. Los cambios generados por el mundo económico, se ven reflejados en una institución que se moldea y se adapta a los requerimientos del capital, en función de ser parte del nuevo proceso de acumulación del capital a través del conocimiento.
Competencias. Está basada en la idea educativa de los saberes; saber hacer, saber ser y saber lograr. Esto permite crear un estudiante que pueda adaptarse a su entorno problemático e incierto, resolviendo lo “que pueda presentarse”. La idea central aquí es desarrollar capacidades en los estudiantes, las cuales van en función de las necesidades externas al propio estudiante, en este caso a las necesidades de los centros de trabajo. La prioridad al desarrollo de competencias profesionales y sociales busca lograr una mejor adaptación al mercado laboral. Los conocimientos se reinterpretan en base a la competencia y estos forman parte de un proceso de estandarización pedagógica. Aquellos conocimientos que son críticos con la situación actual y que permite forjar identidades y cultura común son desechados por no interesar al ámbito económico, y porque desde el punto de vista ideológico, contradicen los supuestos en que se sustenta dicha práctica.
Los fenómenos que buscan la creación de mercados para la educación tienen como principal objetivo privatizar ciertos servicios educativos públicos, o lo que Brunner llama la transformación del balance público / privado en aspectos específicos, y se puede manifestar a través del cobro de cuotas de matrícula, la aparición de instituciones privadas sin fines de lucro que hacen gestión en nombre de la Universidad, el pago de aranceles por servicios a entidades externas a la propia institución o aranceles por trámites burocráticos y nuevos mecanismos de gestión de los espacios y servicios que brinda la institución, como espacios de estacionamiento, usos de instalaciones deportivas, gestión de proyectos vinculados a empresas privadas o lo que se llama la terceriazación de servicios, como la limpieza, el servicio de acceso a internet, la jardinería, el mantenimiento, etc, y una serie de mecanismos que actualmente ya se implementan en la USAC, cómo la apertura de espacios universitarios para negocios particulares vinculados a servicios educativos que se vinculan con una cadena de comisionistas en que también se incluyen a profesores y autoridades.
Esos procesos son una tendencia que se observa en las instituciones universitarias, que asumen ciertas características y normas operacionales usualmente asociadas al funcionamiento de la empresa privada. Todo este proceso ha generado una cultura empresarial en las universidades, que aún siendo públicas se incorporan por medio de las mentalidades de algunos de sus miembros o las prácticas que asumen algunas de sus autoridades a través de la gestión que realizan a través de estás prácticas, propiciando con ello el aparecimiento de nuevos actores ligados al proceso educativo, pero sin ningún interes por el mismo, que hacen negocio dentro de la institución y por lo tanto se rigen por un sistema de costos/beneficios- utilidades privadas compartidas o no. Ello crea un fenómeno en cuanto al desarrollo de las actividades académicas y de administración al interior de las universidades públicas que se manifiesta en cinco aspectos:
i) Las personas que gobiernan o ocupan cargos de dirección están separados de las redes de soporte académico, principalmente porque tienen pocos vínculos departamentales y su desempeño se suscribe al campo de la acción ejecutiva en general y no en la académica en particular; muy vinculados con los estamentos políticos en su relación con la institucionalidad del poder estatal y en el ámbito de la lucha política-partidista del ejercicio del poder nacional.
ii) Aumenta el número de profesores de jornada parcial y la incorporación cada vez más de profesionales no académicos (principalmente en programas de posgrado, con experiencia en dirección empresarial y no en docencia) mientras que los profesores de tiempo completo y con credenciales académicas juegan un rol menor, subordinados a decisiones políticas partidistas y no académicas;
iii) Se incorporan en los procesos de gestión elementos de la administración de empresas tales como planificación estratégica, planes operativos, capacidades de respuesta estratégica de acción rápida y aumentan el uso de fondos discrecionales para programas de corto plazo que no pueden ser fiscalizados ni son orientados a cubrir programas académicos sino más bien a procesos políticos vinculados a cuotas de poder.
iv) Los líderes académicos pierden poder, las relaciones externas dan relevancia a líderes operativos desvinculados con el proceso académico, líderes que formalmente están vinculados a la institución, pero que operan bajo otros parámetros, otras visiones, ajenas completamente al desarrollo académico y que sus intereses no necesariamente coinciden con el desarrollo educativo de la institución. Esto crea una imitación de gestión en torno a la administración de universidades privadas, en instituciones públicas, basadas en el imperativo de la eficiencia-eficacia, costo / beneficio, utilidades – réditos políticos, pactos de apoyo y relación de clientelismo, en donde el aspecto académico queda relegado a una actividad marginal de los círculos de poder.
v) La identidad de la Universidad pública se transforma, aún cuando legal y operativamente sigue siendo pública, sus actividades y sus formas administrativas se operativizan a través de una visión privada y la institución se queda atrapada en ese dualismo de negar lo que es, sin asumir lo que no puede ser, y por lo tanto su gestión de innovarse queda atrapada en el marasmo institucional, guiada por el operativismo político partidista externo, de acuerdo a coyunturas ajenas al desarrollo de la institucionalidad académica.
En la actualidad hay diversidad de estudios realizados por las instituciones financieras internacionales, especialmente del Banco Mundial sobre el desarrollo de la reforma universitaria, encargándose de asignarle un vínculo muy preciso al papel de la educación en la economía, incorporan un sesgo ideológico importante. Ahí destacan los estudios Feinberg (1992) y de Coraggio (1992), que desde un conjunto de categorías económicas vinculan el proceso educativo a la producción de mercancías.
Al final el conflicto que se manifiesta al interior de los recintos universitarios muestra que lejos de politizar lo académico, muchas veces el proceso político externo es una instancia decisiva en la toma de decisiones internas, y que estos aspectos tienen aparentemente instrumentos al interior de las propias instituciones universitarias para lograr sus fines, y esas formas de la acción política interna hacen que sea muy difícil distinguir qué y quiénes deciden los procesos internos y académicos, y qué y para qué son las orientaciones que se toman en sus juntas directivas.
La gobernabilidad de la democracia depende de los valores, normas y las creencias existentes dentro de un colectivo, que orientan el comportamiento y las decisiones que se toman. El mundo personal y el mundo político aparecen ligados en una misma realidad, pero ambos se distancian y el mundo político al final ejerce poca influencia dentro del mundo personal por el estigma negativo que tiene el ejercicio político actualmente. El conflicto sucede por la búsqueda de la movilidad social frente al proceso de integración social que el mundo político persigue, que se convierte en una demanda cruzada, que ha creado mayores dificultades para las instituciones educativas de nivel superior.
En un país con una historia autoritaria a cuestas es difícil no estar de acuerdo con la petición de restitución de derechos estudiantiles que hacen los estudiantes universitarios. Ello representa atentar contra la participación estudiantil en el gobierno universitario, pues el estudiante dejaría ser sujeto del proceso de enseñanza aprendizaje para convertirse en un objeto más del proceso. En otras palabras es un paso más para limitar la participación estudiantil en la toma de decisiones, o sea un paso más para su posible privatización.
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Transformaciones de la universidad pública José Joaquín Brunner ...
http://www.archivochile.com/edu/doc_analit/est_doc_analit00002.pdf ·
Por José Joaquín Brunner http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/ , http://mt.educarchile.cl/MT/jjbrunner/curriculum.html
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Enlaces relacionados con este texto de Brunner:
http://www.archivochile.com/ BIENVENIDOS AL ARCHIVO CHILE, sitio electrónico del Centro de Estudios "Miguel Enríquez". (CEME).
Centro de Estudios "Miguel Enríquez". http://biphome.spray.se/ceme/
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